El vicegobernador Ricardo Sastre, le dio un artero golpe a las pretensiones de la región cordillerana de alcanzar una menor dependencia económica de las voluntades del Gobierno Nacional o provincial, al vetar la ley de Renta Hídrica,
votada por los diputados como corolario de un proceso absolutamente democrático que duró más de dos años y que, como muy pocas leyes, fue elaborada y consensuada con actores de los municipios de la cordillera y meseta oeste, sumando adhesiones de gran parte del arco político, no sólo del Frente de Todos, sino también de Juntos por el Cambio y partidos vecinales, además del respaldo de cámaras empresariales.
Sastre argumentó que la ley es inconstitucional, algo que, en todo caso podría haberse consultado o dirimido en la Justicia.
Pero por estas horas, el veto estaría en dudas justamente a partir de una posible inconstitucionalidad. Es que la fecha límite para vetar el texto aprobado por la Honorable Legislatura se habría cumplido el 5 de enero.
Y el veto de-sastre tiene como fecha el 6 de enero. Y a ello hay que sumarle el detalle de que la fecha de publicación en el boletín oficial el día 9 de enero, momento a partir del cual tiene fuerza de ley la norma.
De ser así, la Ley de Renta Hídrica debe ser publicada en el Boletín Oficial porque su promulgación debe ser considerada automática.
