Editorial. Marcelo Sosa
La decisión del gobierno nacional de Javier Milei de nacionalizar para luego privatizar las represas de El Chocón, Alicurá, Arroyito y Cerros Colorados, además de abrirle al presidente motosierrista un frente político con los gobernadores de Río Negro y Neuquén, pone nuevamente en evidencia de la oportunidad perdida ante la decisión de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre, de vetar la Ley de Renta Hídrica.
Aquel texto, impulsado por el intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, el entonces diputado Provincial, Carlos Mantegna con el respaldo del ex diputado provincial Rafael Williams y el contador Ricardo Bestene, implicaba un ingreso a la provincia de alrededor de alrededor de 50 millones de dólares por año (contra los 5 millones que se genera ahora). Un 30% de esas divisas hubieran sido destinadas a la cordillera.
El texto advertía que esa masa de dinero debía ser destinada a un programa de infraestructura para Chubut. Es decir que, por ejemplo, se habría podido cambiar la realidad de los pueblos que aún hoy dependen de usinas que funcionan con combustibles fósiles para contar con energía eléctrica.
O promover obras destinadas al desarrollo productivo.
Es más que evidente que, ante las actuales políticas económicas dictadas desde la Casa Rosada, la propuesta significaba un gran paso para la región.
Sin embargo, Arcioni y Sastre no la vieron, cegados por el lobby que aplicó el gremio de Luz y Fuerza que pretendía quedarse con el control de la central.
Y, además, aparecieron otros actores, como el Instituto Futaleufú (Esquel) que, en su lectura política no pudieron ver mas allá de sus narices y terminaron siendo útiles a los intereses de la empresa (porque finalmente nada cambió), impulsando la nacionalización de la represa, algo que no tenía ninguna posibilidad de ocurrir entonces y mucho menos ahora.
Ignacio Torres, en noviembre último, poco antes de asumir como Gobernador de Chubut, se reunió con el intendente Héctor Ingram y le expresó que la propuesta de la Ley de Renta Hídrica le parecía buena, aunque consideró que quizás requería algunas modificaciones.
En enero de este año, el mandatario chubutense acudió a la Corte Suprema de la Nación para que Chubut tenga plena potestad de disponer sobre la concesión, prórroga, nuevas licitaciones o explotación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una vez finalizado el contrato..
En junio de 2025, vence la concesión de la Represa Futaleufú.
A diferencia de las represas de Río Negro y Neuquén, cuya generación de energía es para uso a nivel nacional, la represa Futaleufú genera energía como materia prima de una empresa privada.
Esto, hoy, es una ventaja que tendría el Estado a la hora de negociar la renovación de la concesión.
Se está a tiempo de insistir con el mismo proyecto de ley o alguno similar, que le permita a Trevelin, Esquel y la región, tener una compensación por la enorme riqueza natural que perdió y la riqueza que genera.
