SI BIEN PLANTEA DUDAS RESPECTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD, EL DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL RESPALDA OTROS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA GESTIÓN INGRAM.
Este lunes trascendieron detalles del dictamen firmado por el Procurador Fiscal de Chubut, Jorge Miquelarena, en torno a una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes contra la ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Esquel por el que se pretende poner fin, de manera arbitraria y unilateral, el convenio que vincula a los municipios de Trevelin y Esquel con la administración de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos (GIRSU).
Si bien el dictamen del jefe de los fiscales chubutenses sugiere dudas respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ordenanza que impulsaron Sergio Sepiurka, Jorge Junyent y Gerardo Filippini, si respalda otros argumentos esgrimidos por la gestión del intendente Héctor Ingram al presentar una cautelar ante el peligro ambiental que representa el suspender el ingreso de residuos por parte de Trevelin en la planta del GIRSU.
Miquelarena hacer lugar a la medida cautelar urgente solicitada por Trevelin y suspende de manera provisoria, los efectos de la ordenanza 126/2026, entendiendo que debe priorizarse la protección el interés público.
Entiende el Procurador Fiscal que la suspensión del ingreso de residuos a partir del 7 de septiembre, como lo había advertido el intendente Matias Taccetta, podría tener “eventuales consecuencias ambientales y sanitarias de difícil reparación”. Más cuando la decisión del intendente esquelense ni siquiera plantea un plazo razonable para que Trevelin diseña y ejecute una alternativa
Pero además, entiende el funcionario judicial, no se puede desarmar el esquema del GIRSU de modo unilateral, máxime cuando representaría un retroceso de estándares de protección ambiental.
Entiende entonces que una decisión prudente sería mantener el actual funcionamiento de la planta hasta tanto se resuelva la cuestión jurídica, es decir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa.
Por lo antes expuesto, es que el Procurador Fiscal propone establecer un espacio de diálogo entre ambos municipios con el objeto de zanjar las diferencias en torno a la administración de la Planta de tratamiento de Residuos Urbanos.
