DIEZ SUELDOS POR CADA FALLECIDO. LA FISCALÍA LO ACUSA DE HOMICIDIO CULPOSO. MISMA MEDIDA PIDIÓ PARA EL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA. AHORA DECIDE LA CÁMARA PENAL.
Según el Consejo del Salario, a fin de año el sueldo mínimo, vital y móvil será de $47.850. Poco mas de 10 sueldos es lo que ofreció el empresario Alberto Torres como resarcimiento por la muerte de los dos obreros que murieron
cuando cavaban una zanja.
El primer día de agosto de 2019, bomberos, policías y personal del sistema de salud trabajó durante horas para tratar de rescatar con vida a dos obreros que quedaron sepultados por varios metros cúbicos de tierra, luego que las paredes de la zanja en la que trabajaban, en la calle Roggero, se desmoronasen. El trabajo fue infructuoso. Se llegó a las víctimas cuando Fernando y Luis Santillán, padre e hijo, ya habían perdido la vida.
Los obreros prestaban su servicio para la firma Construir S.A. cuyo director y propietario, Alberto Torres, es considerado, por la Fiscalía, como uno de los responsables junto al operador de la máquina retroexcavadora.
Así quedó planteado hoy en una audiencia encabezada por el Juez Jorge Criado en el cual la Fiscalía, representada por Fidel González, solicitó se eleve a juicio la causa por el delito de Homicidio Culposo, entendiendo que los acusados cayeron en una cadena de omisiones y acciones que se tradujeron en una inobservancia de los deberes a cargo e impericia por parte del director de la empresa que realizaba la obra y de quién estaba operando la máquina.
10 SUELDOS MÍNIMOS POR CADA VIDA
Las defensas esgrimieron estrategias distintas. Carolina García, en representación del trabajador de la máquina, intentó desvincular al trabajador de responsabilidad respecto del resultado luctuoso. Además, cuestionó la presentación de la querella adhiriendo a la acusación fiscal, por haberse efectuado fuera de los plazos procesales. Este último planteo tuvo acogida favorable por el juez.
Por otra parte, el abogado Marcelo Macayo, defensor de Torres, sostuvo que la responsabilidad debe ser establecida en juicio civil y no en el fuero penal. Insistió con un pedido ya presentado para una suspensión del juicio a prueba, ofreciendo por cada una de las vidas perdidas la suma de 500 mil pesos, es decir el equivalente a poco mas que diez sueldos mínimo vital y móvil.
La propuesta de Macayo fue rechazada tanto por el Fiscal Fidel González, sosteniéndose en la gravedad del hecho, la extensión del daño causado y la necesidad de las víctimas de tener una respuesta respecto de quién es el responsable de la muerte de estas dos personas.
En el mismo sentido se expresó Fernández Vecino, abogado de una de las víctimas, diciendo que su representada le dijo que rechaza cualquier ofrecimiento económico, sin importar el monto por el que este se realice.
El juez Jorge Criado, rechazó la aplicación del instituto, indicando que la suspensión de juicio a prueba se guarda en nuestro proceso penal para los casos menos relevantes. “La vía normal de un proceso es llegar a juicio. El fiscal se puede oponer por cuestiones de política criminal, en este caso “la oposición que hizo la Fiscalía es seria, es fundada…”, valoró el juez.
Esta resolución será revisada por la Cámara Penal, antes de dar continuidad al proceso.
Imagen Portada: Radio 3, Cadena Patagónica
Imagen Interior: Prensa Fiscalía
